La incertidumbre volvió a apoderarse de los 54,000 hondureños y nicaragüenses que viven con TPS en Estados Unidos después de que una Corte de Apelaciones concediera este miércoles al gobierno de Donald Trump un pedido de emergencia para eliminar su estatus de protección temporal.
La tranquilidad sobre su situación en el país apenas duró unas semanas, después de que una corte de distrito extendiera a finales de julio la validez del TPS para los ciudadanos de estos dos países centroamericanos —además de para los nacionales de Nepal— al menos hasta noviembre, mientras el caso se resolvía en tribunales.
Sin embargo, la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, en San Francisco, suspendió temporalmente esa decisión judicial de menor instancia que mantenía vigente la protección y falló a favor del gobierno mientras se resuelve una apelación.
"La orden del tribunal de distrito que concedía la moción de la parte demandante para posponer, emitida el 31 de julio de 2025, queda suspendida a la espera de una nueva orden de este tribunal", concluyó el panel formado por tres jueces, designados por el demócrata Bill Clinton y los republicanos Trump y George W. Bush.
Alianza Nacional TPS, la organización demandante líder en este caso, afirma que el gobierno actuó de manera ilegal al poner fin al TPS de estos miles de inmigrantes.
¿Qué significa esta última acción judicial y qué pasará con los centroamericanos con TPS afectados?
¿Qué significa el fallo de la corte de apelaciones sobre los centroamericanos con TPS?
La decisión judicial del miércoles significa que el gobierno puede tomar medidas para deportar a unas 7,000 personas originarias de Nepal cuyas designaciones de TPS expiraron el 5 de agosto.
El TPS de 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses, por su parte, está programado para expirar el 8 de septiembre, momento en el cual serán elegibles para ser igualmente expulsados del país.
"El hecho de que la corte no proporcionara ningún razonamiento para su decisión, incluyendo por qué esto era una 'emergencia', está muy lejos de lo que el debido proceso requiere y nuestros clientes merecen", dijo el codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Ahilan Arulanantham.
La decisión "expone a decenas de miles de personas a la detención ilegal y la deportación. Se merecen algo mejor que lo que ha hecho hoy este tribunal", agregó en un comunicado.
Defensores de los derechos de inmigrantes mantienen que los titulares de TPS originarios de Nepal han vivido en EEUU por más de una década, mientras que los beneficiarios procedentes de Honduras y Nicaragua han contado con protecciones en el país desde hace 26 años, después de que el huracán Mitch devastó ambas naciones en 1998.
"El gobierno de Trump está retirando sistemáticamente de documentos a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos que son ciudadanos estadounidenses, abriendo negocios y contribuyendo a sus comunidades", dijo Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros.
¿Cómo reaccionaron en Centroamérica al fallo que retira el TPS a miles de sus ciudadanos?
“No puedo creer que el gobierno quiera arrebatarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé”, dijo Jhony Silva, un beneficiario de este programa, en un comunicado de Alianza TPS. “Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”.
Como él, organizaciones y activistas creen que un retorno masivo de miles de personas a Honduras y Nicaragua sería un caldo de cultivo para incrementar la pobreza.
“Es un balde de agua fría esta noticia”, le dijo a Los Angeles Times Leoncio Velásquez, presidente de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA).
“Hicimos marchas, protestas y vigilias para que se escuchara nuestra voz; este es un golpe a las personas trabajadoras que mueven la economía con los trabajos más pesados”.
En una entrevista reciente con el mismo medio, la presidenta de la Alianza Hondureña de Los Ángeles (AHLA), Cecilia Rodríguez, dijo que su país no se está preparado para recibir a tantos compatriotas porque no existen condiciones laborales, jurídicas ni de seguridad social.
“En Honduras ¿quién nos va a dar trabajo?”, se preguntó Rodríguez, además de destacar los problemas que persisten en Honduras como la violencia y los desastres climáticos.
¿Qué argumentó la jueza que decidió mantener en vigor el TPS el pasado mes?
El Departamento de Seguridad Nacional dio en julio 60 días a las personas beneficiadas con TPS para regularizar su estatus o salir del país.
Sin embargo, la jueza federal Trina L. Thompson, en San Francisco, mantuvo en vigor con su orden del 31 de julio las protecciones para estos miles de personas mientras el caso se dirime en los tribunales, al menos hasta la próxima audiencia programada para el 18 de noviembre.
Thompson afirmó que el gobierno puso fin al TPS sin una "revisión objetiva de las condiciones del país", como la violencia política en Honduras y los recientes impactos de huracanes y tormentas en Nicaragua.
"El TPS nunca tuvo como objetivo ser un sistema de asilo de facto, sin embargo, así es como los gobiernos anteriores lo han utilizado durante décadas", respondió entonces la subsecretaria del departamento de Seguridad, Tricia McLaughlin.
¿Qué pasará ahora con los beneficiarios de TPS afectados y cómo seguirá el proceso?
Está por ver cuáles son los próximos pasos de este caso en los tribunales, pero expertos coinciden en que la de este miércoles no es una decisión final.
"El caso continúa en la corte de distrito del norte de California, pero el juicio no está pautado hasta noviembre. Así que va a haber un tiempo en el que estas personas no tendrán ningún tipo de defensa ni estatus legal en EEUU", reconoció el abogado de inmigración Raed González, entrevistado por Univision 45 Houston.
El experto recomendó esperar para conocer las próximas acciones de las organizaciones demandantes.
"Tal vez le pueden pedir a la corte que adelanten el juicio, no lo sabemos, pero estoy seguro de que esto se va a seguir peleando hasta que llegue a la Corte Suprema", vaticinó.
“Vamos a esperar qué decisión toma la (organización demandante) Alianza TPS, es posible incluso que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de EEUU, pero debemos esperar, porque la decisión será tomada por la Alianza junto a sus abogados”, coincidió el viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Gerardo Torres.
El funcionario, que calificó como “desafortunada” la decisión de la corte de apelaciones, aseguró que el gobierno de su país espera por lo menos ganar tiempo para que los hondureños con estatus temporal puedan buscar otra forma de permanecer legalmente en EEUU.
“El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el final de esta lucha. La protección humanitaria, el TPS, significa algo y no puede ser destruida tan fácilmente”, alertó Emi MacLean, abogada de la ACLU Foundation del norte de California.
“No dejaremos de organizarnos y luchar por el derecho de permanecer en l único hogar que muchos de nosotros hemos conocido. Seguiremos luchando por protecciones permanentes y para detener la cruel separación de nuestras familias”, coincidió Teóflio Martínez, beneficiario hondureño de TPS y demandante junto a la Alianza Nacional TPS.
Está por ver cuál sería la opinión de la Corte Suprema en caso de tener que posicionarse sobre este caso, pero el pasado mes de mayo, ya permitió que el gobierno de Trump pusiera fin a las designaciones de TPS para venezolanos.
Los jueces no proporcionaron entonces una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia, y no se pronunciaron sobre los reclamos subyacentes.
¿Cómo justifica el gobierno de Trump el fin de TPS para centroamericanos?
El titular del Departamento de Seguridad Nacional puede otorgar la designación de TPS para evitar que inmigrantes sean deportados y se les permita trabajar de forma legal en EEUU.
En la actualidad, es la secretaria Kristi Noem quien puede extender el TPS a personas que se encuentran en EEUU si se considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para su regreso debido a un desastre natural, inestabilidad política o algún otro factor de riesgo.
Sin embargo, la Casa Blanca ha tomado agresivas medidas para eliminar esta protección y hacer que más personas sean elegibles para su expulsión. Así, Noem puso fin a los programas tras determinar que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban su estatus de protección temporal.
El gobierno de Trump ya ha puesto fin a las designaciones de TPS para unos 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos, más de 160,000 ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.
Los abogados de la parte demandante argumentan que las decisiones de Noem son ilegales, porque fueron originadas por las promesas de campaña de Trump de realizar deportaciones masivas y motivadas por animosidad racial.
Drew Ensign, un asistente del fiscal general adjunto, argumentó este martes en una audiencia que el gobierno sufre un daño irreparable continuo por su "incapacidad para llevar a cabo los programas que ha determinado que son justificados".